¿Es justo que se azote a las autoridades como una práctica común de Puno?

El reciente azote al primer regidor de la Municipalidad Provincial de Huancané en Puno, Julián Huancollo Ticona, no es un hecho aislado. Esa forma de castigo es parte del derecho por costumbre de la región puneña, pero colisiona, para algunos, con los derechos de las personas.

No es la primera vez que se azota o se obliga a doblegarse a una autoridad por la imposición de dirigentes aimaras o quechuas. En julio del 2014, la exjueza de la provincia de Carabaya, Eliana Mamani Arias, fue obligada a arrodillarse por los ronderos de la zona ante una multitud de campesinos. Adoptaron esta medida porque la magistrada no habría dado prisión preventiva contra Jesús Hualla, un procesado que confesó un vejamen sexual contra una menor de edad.

En mayo del 2016, el exalcalde de la provincia de Chucuito-Juli y ahora presidente del Deportivo Binacional, Juan Carlos Aquino Condori, fue chicoteado por tenientes gobernadores por no cumplir con sus promesas electorales. La lista es larga.

El abogado Roger Torres señaló que el derecho de justicia de las rondas campesinas y similares no puede vulnerar los derechos de las personas. Explicó que este ejercicio solo está reconocido en el marco de la defensa y protección de los intereses de las comunidades donde actúan las rondas.

Mientras que el antropólogo Aurelio Nina cuestionó esa posición. Explicó que los tenientes gobernadores representan culturalmente a la comunidad y sí están facultados en su cultura a imponer sanción. “Eso explica por qué llevan el chicote cruzado al cuerpo cuando asumen funciones. Lo que pasa es que existe una visión criolla que no reconoce el castigo como corrección”, manifiesta.

Torres cree que sí es posible denunciar a quienes chicotearon al regidor de Huancané por lesiones leves o graves. Sin embargo, Nina dice que eso es casi imposible, porque se dio en un contexto geográfico aimara.

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