El gobierno ha declarado ilegales a 4,000 mineros suspendidos en la región de Puno, incluyendo aquellos que operaban en la provincia de Carabaya. La presidenta Dina Boluarte anunció que los mineros con Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en suspensión perderán su estatus legal, lo que refuerza el control sobre la minería informal en la zona.
En Carabaya, la minería ilegal ha generado preocupaciones debido a su impacto ambiental y la posible vinculación con actividades ilícitas. La Dirección Regional de Energía y Minas de Puno ha señalado que los mineros suspendidos no podrán continuar con sus operaciones, y si lo hacen, serán considerados infractores. Además, se han reportado dificultades en la fiscalización debido a la presencia de grupos organizados que obstaculizan las inspecciones.
Las autoridades han instado a los mineros a cumplir con los requisitos legales para evitar sanciones y contribuir a la formalización del sector. La medida busca mejorar la seguridad en la región y reducir la criminalidad asociada a la minería ilegal, un problema que afecta a varias provincias de Puno, incluyendo Carabaya.