El Poder Ejecutivo ha presentado ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca tipificar el delito de terrorismo urbano mediante modificaciones al Código Penal. Esta iniciativa surge en respuesta al incremento de actos delictivos que generan terror y zozobra en la población, como el sicariato, la conspiración, el ofrecimiento para sicariato y la extorsión.
El proyecto de ley propone la incorporación del artículo 315-C al Código Penal, el cual establece que la pena privativa de la libertad para quienes cometan terrorismo urbano no será menor de 30 años. Además, se contempla la cadena perpetua en casos agravados, como cuando el imputado pertenece a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, o cuando se utilizan armas, material de guerra o explosivos.
La propuesta también incluye sanciones severas para aquellos que empleen menores de edad o personas inimputables para perpetrar actos de terrorismo urbano. Esta medida busca proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y disuadir a los delincuentes de utilizar a estos grupos en sus actividades ilícitas.
El Ejecutivo ha enfatizado la necesidad de esta legislación para combatir eficazmente la creciente inseguridad en el país. La iniciativa ha generado un amplio debate en la opinión pública y entre los especialistas en derecho penal, quienes discuten sobre la efectividad y las posibles implicaciones de estas nuevas disposiciones.