La Fiscalía de la Nación, liderada por Delia Espinoza, ha iniciado una serie de diligencias para evaluar la posible ilegalización del partido Fuerza Popular. Este proceso responde a una denuncia presentada por Beatriz Adelo Cano Bernales, quien argumenta que el partido habría incurrido en conductas antidemocráticas entre 2011 y 2021. La denuncia incluye acusaciones de financiamiento irregular y cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados electorales de 2021.
Entre las principales líneas de investigación, se encuentra el caso conocido como ‘pitufeo’, relacionado con supuestos aportes irregulares durante la campaña electoral de 2011. Además, se revisarán las declaraciones de Keiko Fujimori, lideresa del partido, quien calificó los resultados de las elecciones de 2021 como “ilegítimos”. Estas afirmaciones han sido señaladas como posibles actos que atentan contra el sistema democrático.
Otro punto clave es la revisión del caso ‘Mamanivideos’, que involucra al excongresista Kenji Fujimori. En este caso, se determinó que Fujimori ofreció aprobar obras públicas a cambio de votos contra la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, en un intento por obtener un indulto para su padre. Este escándalo político culminó con la renuncia de Kuczynski en 2018.
La Fiscalía ha delegado el caso al fiscal adjunto supremo provisional Dante Emel Pimentel Cruzado, quien deberá recabar información de diversas fuentes, incluyendo investigaciones previas y declaraciones públicas. Este proceso busca determinar si se aplicará el artículo 14 de la Ley N°28094, que regula la disolución de organizaciones políticas en casos de conductas antidemocráticas.