Ayer concluyo una pequeña guerra comercial entre Perú y Bolivia, iniciada hace diez días, por la restricción de importaciones de productos agrícolas. Este impase causó preocupación en zonas como Santa Cruz (Bolivia) y Arequipa (Perú), geográficamente distantes, pero unidas por el comercio.
El acuerdo al que llegaron ambos países, señala que se normalizará el intercambio comercial en la frontera la ciudad de Desaguadero (Puno), con las respectivas inspecciones de los entes fitosanitarios de cada país.
El desencuentro comercial inició el 15 de enero, con el anuncio del ministro de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, Mauricio Ordóñez, de suspender los permisos de importación de hortalizas peruanas, para apoyar a sus productores nacionales. El veto a las hortalizas, afectaba a los productores de Arequipa, ya que Bolivia consume el 5% de la producción exportada, especialmente de papa y cebolla.
El Gobierno peruano, en respuesta, emitió hace tres días a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), la suspensión de la importación de soya, chía, maní y carne bovina congelada de Bolivia. El argumento era la actualización de los requisitos fitosanitarios.
Las restricciones afectaron tanto a Bolivia como a Perú. Productores bolivianos de Santa Cruz indicaron que el 30% de sus exportaciones de soya van al mercado peruano; por ello, junto a camioneros, expresaron su preocupación en los medios bolivianos.
En Arequipa, empresarios indicaron que derivados de la soya boliviana son su primer insumo para fabricar alimentos de aves y ganado; y buscar otros mercados (Argentina o Estados Unidos) incrementaría los costos.
Por su parte, el presidente del Comité Agropecuario de la Cámara de Comercio de Arequipa (CCIA), Daniel Lozada, criticó el accionar de ambos Gobiernos. Señaló que Bolivia no debió asumir una medida proteccionista, mientras que Perú debió tener otro tipo de reacción, con un criterio técnico. “Esto ha sido manejado con el hígado”, sentenció.