La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, con el fin de evadir las investigaciones del congreso de la república, prefirió reunirse con alcaldes y alcaldesas de las regiones de Puno, Huánuco, San Martín, Lima, Amazonas, Ica, Apurímac, Junín, Áncash y Pasco, entre ellos el alcalde de la provincia de Carabaya, que abiertamente en palacio de gobierno se declaró su soldado.
La presidenta Dina Boluarte no asistió a la citación de la comisión de fiscalización del Congreso, donde debía responder por los cuestionados relojes Rolex y su procedencia. A través de la secretaría de la Presidencia, se pidió que las preguntas que se le iban a realizar fueran de forma escrita.
Los congresistas de la comisión han cuestionado la ausencia de Dina Boluarte al punto de proponer cambiar su invitación para citarla en calidad de investigada. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en cambio, sí asistió a la citación.
La normativa establece que toda persona que ostente un puesto en el sector público debe declarar sus bienes ante la Contraloría General de la República. Sin embargo, la presidenta Boluarte no informó la posesión de los relojes en ninguna de las declaraciones juradas presentadas. Incluso si los relojes fuesen un obsequio, también están regulados por ley. Durante el Gobierno de Francisco Sagasti, se aprobó la Directiva 002-2921-DP/SSG, que trata sobre el tratamiento de regalos, donaciones y beneficios similares en el Despacho Presidencial.