El pasado 13 de febrero, Carlos Lozada juramentó como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en reemplazo de Edmer Trujillo; sin embargo, tres días antes el Ministerio Público había formalizado una investigación preparatoria en su contra por el presunto delito de colusión simple en agravio del Estado.
De acuerdo con el dominical Cuarto Poder, la investigación se da por un contrato que firmó en mayo de 2018 Provías Nacional, del cual Lozada era director ejecutivo, con la Constructora San José, para realizar obras de mejoramiento en la carretera Checca – Mazocruz en Puno, proyecto que actualmente está paralizado y con contrato resuelto desde el pasado 18 de febrero.
Una de las empresas que participó en el contrato de licitación de la obra denunció, hace más de un año, que el contrato fue firmado sin que la empresa española cumpliera con algunos de los requisitos de la base de licitación. Estos eran el registro único del contribuyente y el código de cuenta interbancario.
Entonces, el actual titular del MTC sostuvo que la empresa sí cumplió con subsanar toda la información necesaria, pese a que habían consignado información de la compañía española. Además, Provías entregó dinero por avance de obras a una sucursal peruana sin contar con estos requisitos.
“Para una empresa internacional es válido presentar esa información y luego se activa esa cláusula que está en el reglamento de la Ley de Contrataciones para que el mismo Banco de la Nación genere tanto su RUC nacional como su código de cuenta interbancario. Nosotros podemos hacer una fiscalización posterior, que lo hemos hecho y lo que ha determinado este análisis posterior es que ellos han cumplido”, dijo Lozada en 2018.
OMISIÓN DE REQUISITOS
De acuerdo con el Ministerio Público, ninguno de los funcionarios de Provías que estuvieron a cargo del proceso de verificación de los documentos que presentó la empresa española hizo observación alguna sobre la ausencia de los requisitos. Este proceso solo duró un día.
Agregan que este actuar sería parte de un acuerdo previo con la representante de la empresa española, María Idoya Ruibal Rey, quien aseguran estaba al tanto de la omisión de estos requisitos, pero que “confiaba en que no se iba a observar esta situación”.
Junto al ministro Lozada son investigados en calidad de autores del presunto delito de colusión, Miguel Ángel Unda Hinojosa y Homer Guillermo Figueroa Alfaro, jefe y analista de la Unidad de Procesos de Selección de Provías, respectivamente.
También están investigados Ana Cristina Barrionuevo Luna y Eduardo Arbaiza Espinar, quienes eran asesores legales. Mientras que la representante de la empresa española es investigada en calidad de cómplice primario.